Soy abogado y me dedico a la política, mi gran pasión. En la actualidad soy presidente provincial del Partido Popular y presidente de la Diputación de Málaga, ciudad en la que resido con mi mujer y mis dos hijos. Te invito a reflexionar conmigo sobre el futuro, la política y la transformación social.
No entiendo cómo se puede desalojar a una familia de su casa y privarla de uno de los derechos reconocidos por la Constitución, por mucho que arrastre una deuda con el banco que autorizó la hipoteca y permitió una operación que ahora lo ahoga.
Este drama social afecta a 571 familias al día en España pero sólo llegan a nuestro hogares los casos más mediáticos y sangrantes. No estoy de acuerdo con los desahucios y tampoco comparto que una familia pierda su vivienda y permanezca en algunos casos encadenada a la hipoteca de por vida.
Tiene que haber una solución que evite escenas como la de Cártama donde a la Guardia Civil le toca el trago más amargo mientras los auténticos responsables del lanzamiento permanecen a salvo atrincherados en cualquier oficina bancaria. Se concedieron créditos hipotecarios con demasiada ligereza, sin todas las garantías y sin una mínima previsión de lo que podría ocurrir en el futuro. Los clientes aceptaron el endeudamiento en pleno éxtasis financiero, empujados por las circunstancias y drogados por unas nóminas que nublaban la vista.
Nadie imaginaba un precipicio tan descomunal como el que ocultaba el sistema bancario y que ahora tenemos que pagar entre todos, porque de su liquidez depende que podamos comprometer nuevos gastos y reactivar la economía. La crisis se ceba con los más débiles y todavía no hemos sido capaces de articular mecanismos que pongan a salvo a las personas en riesgo de exclusión social.
El Código de Buenas Prácticas impulsado por el gobierno central supone un avance, como lo son también los nuevos umbrales que dan entrada al colectivo a proteger, la limitación de los intereses de demora o la reforma de los procedimientos de ejecución extrajudicial. Sin embargo, ningún esfuerzo es suficiente mientras seis familias malagueñas reciben cada día una orden de desahucio de su domicilio y las ejecuciones hipotecarias crecen de forma exponencial. Hay que buscar fórmulas, entre todos, para que el drama de Cártama no se repita.
