Soy abogado y me dedico a la política, mi gran pasión. En la actualidad soy presidente provincial del Partido Popular y presidente de la Diputación de Málaga, ciudad en la que resido con mi mujer y mis dos hijos. Te invito a reflexionar conmigo sobre el futuro, la política y la transformación social.
Hace años que el campo dejó de labrarse de forma manual pero hubo un tiempo en que esta ingrata labor dependía de hombres que sostenían con firmeza un arado al tiempo que perseguían la línea recta como objetivo vital. Torcerse en un surco obligaba a rehacer por completo el trabajo porque de esa fila dependía el orden, la lógica y el aprovechamiento de la cosecha, de ahí que todo el esfuerzo corporalse centrara en no desviarse del camino trazado. Los amantes de las curvas quedaban excluidos de esta tarea al haber cometido una ‘praevaricatio’, un término originario del latín que adoptó rápidamente nuestro ordenamiento jurídico bajo una nueva y frecuente acepción.
Para prevaricar no sólo hay que apartarse de la norma moralemente recta sino hacerlo a sabiendas de que lo es. Por eso comete prevaricación aquel ciudadano que, abusando del poder que le concede su cargo, toma decisiones y adopta medidas manifiestamente injustas. No se ha tipificado delito, sin embargo, para aquella autoridad pública que solicita un trato de favor y reclama a viva voz que la Agencia Tributaria haga la vista gorda con su caso al tratarse de un sindicato con la sana afición de reunir a sus afiliados y simpatizantes durante la Feria.
Hacienda no va a la feria porque Hacienda está en la Feria, al igual que está en la industria, en el comercio, en la sanidad, en la educación o la justicia. Hacienda somos todos menos el secretario general de CC.OO. de Málaga, Antonio Herrera, que reclama un estatus especial para su caseta en el Cortijo de Torres al amparo de una regulación que tan sólo clasifica a los usuarios de los recinos y no establece concesiones en régimen de paraíso fiscal.
Y ese régimen fiscal excepcional no lo define el Partido Popular de Málaga, ni el Ayuntamiento ni la subdelegación del Gobierno ni ninguna de las instituciones y medios de comunicación a las que el responsable sindical pidió amparo cuando trató de denunciar una inspección de oficio a la que sometieron hace días a su caseta. Esta labor la realiza de forma autónoma e independiente la Agencia Tributaria que es un organismo público encargado de la gestión del sistema tributario y aduanero de nuestro país, lo que supera con creces nuestro ámbito de competencia por no hablar del profundo respeto que marca las relaciones entre administraciones y partido.
Los partidos polítiticos y sindicatos debemos cumplir la ley, acatar las normas y dar ejemplo con nuestro comportamiento, ya sea al reformar un local, recaudar las cuotas de afiliados o servir refrescos en la barra de un bar con el único propósito de compartir un rato agradable con nuestra militancia. Da igual en qué contexto se nos requiera documentación y tampoco importa el organismo que lo solicite, lo importante es atender el requerimiento y actuar con la misma transparencia que se le exige a cualquier ciudadano de a pie a la hora de cumplir sus obligaciones con el fisco.
Pretender convertir una actuación rutinaria en un conflicto diplomático entre instituciones gobernadas por el mismo partido es, cuanto menos, una afrenta al sentido común del contribuyente. Ni al Ayuntamiento tiene conocimiento de la inspección, ni Subdelegación valida el listado, ni el Partido Popular subraya aquellas que tengan prioridad. El criterio lo establece los mismos inspectores de la Administración Tributaria y de Empleo que peinaron en abril la Feria de Sevilla con el objetivo de detectar cualquier fraude y que aflorase la economía sumergida que suelen generar los festejos.
Tomando esa actuación como referencia y probablemente jaleados por unos sindicatos que reclamaban mayor contundencia, Hacienda extiende su control a un ámbito donde más de la mitad de los empleos se generan en la economía sumergida, según datos facilitados por CCOO y UGT en relación con la Feria de Málaga. En aquella comparecencia exigieron también aumentar el número de inspectores de Trabajo y emplazaron al gobierno a reforzar la vigilancia con controles preventivos. Eso sí, a todos menos a ellos.
Descartado el régimen fiscal especial para las casetas de feria y aclarada la idea que un sindicato debe cumplir la normativa laboral allá donde vayacreo que no hay motivos para la alarma y el Partido Popular de Málaga se congratula de que feriantes, comerciantes y empresarios así lo entiendan. Dejemos entonces a cada administración hacer su trabajo. Y nosotros, a cumplir la ley.
Publicado en Diario SUR el 18 de agosto de 2012
